El pacto político es imprescindible pero, al parecer, imposible

La situación económica de España está llegando a ser crítica para la estabilidad política mundial, mientras, el gobierno sigue recortando y subiendo impuestos, los inversores manteniendo su desconfianza y el BCE poniéndose de perfil y mirando para otro lado, a pesar de que hasta el FMI le pide que actúe.

La necesidad de un pacto político y social era ya evidente en el año 2011, en la última época del gobierno de Rodríguez Zapatero y es mucho más evidente después del rescate de la banca española.

Si durante la última etapa del gobierno socialista, la actitud irresponsable del PP, aun siendo consciente de riesgo de intervención existente, el pacto no era posible; en la situación actual, con una mano tendida del PSOE y con una actitud en principio constructiva de los sindicatos, la soberbiadel PP, basada en su mayoría parlamentaria, está impidiendo cualquier posible acuerdo.

En los siete meses de gobierno de Rajoy la situación económica española ha empeorado sustancialmente, a pesar de los recortes antisociales a los empleados públicos y las subidas de impuestos, el coste de la financiación está alcanzando un nivel estratosférico y el riesgo de intervención es cada vez más probable.

El PSOE ha hecho llamadas al acuerdo en reiteradas ocasiones, CiU siempre dispuesta a pactar, también y los sindicatos, antes y después de la última Huelga General, también han ofrecido dialogo.

El gobierno ha decidido hacer uso exclusivo de su mayoría absoluta para aprobar sus últimas medidas de gobierno que atacan frontalmente los avances del el Estado de Bienestar. A pesar de esa decisión y en un alarde de cinismo, el Presidente del Gobierno, sus Ministros de economía y hacienda y la Secretaria General de su partido, van llorando como plañideras pidiendo sentido de la responsabilidad a las demás fuerzas políticas, sin ofrecer ningún tipo de negociación.

En el plano social, las últimas medidas han sacado a la calle a los funcionarios y empleados públicos, que vuelven a ser los paganos de la crisis, los mineros siguen en pie de guerra por el incumplimiento del pacto del carbón, docentes y sanitarios llevan ya bastantes meses de lucha por las medidas anteriores y hasta los militares y los policías están planteándose acciones reivindicativas. Las centrales sindicales están recogiendo todo este malestar y convocan manifestaciones para el mes de julio y plantean otra Huelga General para después del verano.

Las concesiones que hace Bruselas relativas al aplanamiento del déficit no se trasladan a las CC.AA., que ven que el Ministerio de hacienda es todavía más estricto que antes de la decisión de la Comisión.

En el plano político, al PSOE no se le deja más opción que votar NO a todo el paquete de medidas, porque la única alternativa de acuerdo que admite el gobierno es un SI bwana incondicional a sus propuestas. Hasta CiU, siempre proclive a pactar con quien sea, rompe relaciones con el PP y amenaza con convocar elecciones anticipadas en Catalunya para sortear la previsible falta de apoyo del PP catalán en el parlament. 

El propio PP empieza a tener fisuras en sus filas, un senador se ha pasado al grupo mixto por apoyar a los mineros, algunos alcaldes de las zonas mineras les han expresado también su apoyo y algún otro alcalde del PP muestra su solidaridad con los funcionarios públicos municipales afectados por los recortes.

En las CC.AA autónomas gobernadas por el PP también empieza a haber discrepancias y en el Consejo de Política Fiscal se han negado a apoyar las propuestas del ministro Montoro.

La necesidad de un pacto, tipo el de La Moncloa, es cada vez más evidente, pero las irresponsables decisiones del gobierno lo hacen cada vez más complicado. Es un círculo vicioso de difícil solución y los plazos se van terminando.