Recortes en Educación y en Sanidad (1)
Siempre he rechazado el esquema clásico de que el papel de la oposición consiste simplemente en decir NO a las propuestas del gobierno, creo que desde la oposición hay también que hacer propuestas constructivas, relativas a la forma como abordaría el problema correspondiente si se estuviera en el gobierno.
El gobierno popular ha planteado un duro programa de recortes en las áreas de Educación y Sanidad que pueden poner en riesgo algunos derechos fundamentales asociados al Estado de Bienestar que hemos construido en los últimos años en España.
No podemos sin embargo olvidar que estamos en crísis, y que aunque muchos pensemos que las politicas de solo recortes que está aplicando el gobierno popular nos van a hundir más, no por ello debemos oponernos frontalmente a cualquier política de ahorro. La educación y la sanidad son fundamentales y por ello los bienes sociales que mas hay que proteger pero eso no quiere decir que no haya algunos aspectos en los que se pueda ahorrar sin que por ello sea necesario afectar a la esencia del sistema.
El gobierno intenta vender que lo que hace es introducir elementos de racionalidad y eficiencia y con esa música puede estar de acuerdo cualquiera, siempre que bajo ese paraguas no se oculten recortes, restricciones, degradaciones del servicio, etc.
No queda mas remedio que ir a las fuentes, los Reales Decretos legislativos, para ver que es lo que realmente proponen más allá de la propaganda con que el gobierno nos obsequia todas las semanas que suele ocultar una parte de la información mas signficativa.
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
En su primera parte este R.D. incrementa las ratio de alumnos por aula en un 20%. Esta supuesta "racionalización" implica que:
- En aulas de infantil,(3-6 años) y primaria se pasara de 25 a 29 niños
- En aulas de Secundaria obligatoria de 30 hasta 36
- En aulas de bachillerato de 35 hasta 42
El aumento de la ratio máxima permitida supone una disminución de la calidad de la enseñanza especialmente en los niveles de educación infantil, en los que un número tan grande de niños dificulta cualquier planteamiento pedagogico, en este sentido hay que apuntar un cierto sesgo ideologico pues la derecha, como ha declarado en multiples ocasiones, no ve la necesidad de la educación infantil más allá de un mero aparcamineto de niños.
Hay que suponer que la implementación práctica de estas medidas dependerá de las CC. AA. Si los ajustes se hacen colegio por colegio, el incremento de ratio supondrá que aquellos niveles que esten en el limite del desdoblamiento perderan un aula, por ejemplo si en un nivel de primaria hay mas de 25 niños pero menos de 29 en vez de dos aulas con 15 y 14 alumnos habrá solo una, si hay mas de 50 pero menos de 58, el nivel pasará de tres a dos aulas etc. Pero si hay mas de 29 niños (o 58) no habria supresión de aulas.
Con este criterio se reducirían algunas aulas pero solo en casos limites por lo que el ahorro económico no sería muy grande.
Otra posible aplicación del decreto, que tendría mas impacto económico, sería hacer el ajuste de la ratio más allá de los centros escolares, a nivel municipal o de barrio por ejemplo, con lo que se obtendría un resultado económicamente más eficiente pero implicaría trasladar niños de unos colegios a otros, lo que sin duda sería un gran trastorno social para las familias afectadas.
Donde la aplicación del decreto podrá hacerse con más rigor será en los centros que inician la cadena educativa, primero de infantil, primero de primaria, primero de ESO, donde es de esperar que se apliquen los ratios con tda precisión, produciendo una mayor concentración de niños por aula en los próximos años.
En definitiva la ampliación de ratios no parece ahorrar mucho dinero a corto plazo pero si inicia un proceso de degradación de la enseñanza que pagaremos en el futuro.
En cuanto a la obligación de que todos los docentes tengan una jornada lectiva de 25 horas en primaria y 20 en secundaria, lleva a impedir que en los centros se hagan otras actividades necesarias como coordinación, tutorias, etc. que el decreto minusvalora. Esta medida, junto con la ampliación a 10 dias del plazo e sustitución de docentes por baja, apunta a la reducción de la contratación de profesores, lo que sin duda produce un ahorro económico aunque tampoco parece muy significativo y será una vez más a costa de bajar la calidad dela enseñanza.
Hay posibles medidas de ahorro que el decreto no contempla y que responden a apriorismos ideologicos de la derecha.
Uno es el fundamentalismo bilingüista impulsado por genios de la política educativa como la condesa de Murillo, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El bilingüismo se está revelando como un gran fracaso, a pesar de que tiene una venta muy positiva, pero cada vez está mas generalizada entre los docentes la opinión de que los niños no están ni aprendiendo inglés ni otras materias, lamentablemente la oposición no parece ser consciente de estas limitaciones y no planta cara a esta práctica que acabará provocando mucho daño en la formación básica y a un alto coste económico. Con el aumento de la ratio de alumnos el blingüismo va a encontrarse con dificultades adicionales.
Otro tema que habría que tocar, aunque aquí tropezamos con el integrismo religioso de la derecha, es la supresión de las subvenciones a la Religión Católica, materia no fundamental, que solo afecta a una parte de los alumnos, que debería ser pagada por la propia iglesia. La Religión, o las Religiones, deberían salir del horario escolar y financiarse con sus propios recursos.
En definitiva está primera parte del decreto no contiene elementos de racionalazación, si provoca un cierto ahorro aunque no demasiado, tiene un cierto sesgo ideológico y va a producir una degradación de la enseñanza.
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